Esta semana marcará un momento crucial en el largo juicio sobre la expropiación de YPF por parte del gobierno de Cristina Kirchner en 2012, ya que se definirá la cuantía que Argentina deberá pagar a los fondos demandantes Burford y Eton. La jueza Loretta Preska será quien tome la decisión clave en este caso.
El tribunal ha dejado claro que Argentina debió lanzar una oferta pública de acciones por el total de la compañía en el momento en que se quedó con el 51% de Repsol, al cual expropió y luego pagó extrajudicialmente. La compensación a los fondos, que reclaman poseer el 29% de las acciones de YPF, es ineludible según el fallo.
El monto de la indemnización podría ascender a US$ 16.100 millones, y esta cifra dependerá en gran medida de la fecha que la jueza considere como la correspondiente a la expropiación. Además, se sumarán intereses, los cuales, según el abogado experto en el caso, Sebastián Maril, podrían llegar a US$ 7.600 millones. La tasa de interés que se aplique será determinante en este aspecto, pudiendo variar entre el 0% y el 8%.
Se estima que la actual gestión no será la responsable de abonar la indemnización, ya que la sentencia probablemente se ejecute durante la próxima gestión gubernamental.
Es importante destacar que Argentina ha enfrentado una serie de derrotas, en este caso desde el año 2016 hasta el 2023. Después de recurrir a la Cámara de Apelaciones y a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en distintas instancias, se ha confirmado en todas ellas la decisión del juzgado comercial de Nueva York, dejando en claro la obligación del país de compensar a los fondos demandantes por la expropiación ilegal de YPF.
La resolución de este juicio tendrá un impacto en las finanzas del país, y la mirada estará puesta en los próximos días, mientras se desarrollen las exposiciones de los fondos demandantes y el Gobierno.
Antes de que el fallo quede firme, la República cuenta aún con dos instancias de apelación para no pagar, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Estados Unidos. Sin embargo, la jueza podría ordenar que Argentina abone una garantía además de que arriesga a que Burford también apele y pida que se revoque la exoneración de YPF.
