Argentina nuevamente en el ojo público tras un reporte elaborado por el Departamento de Estado sobre los derechos humanos en el mundo.
El “Human Rights Report 2022″, elaborado por el Departamento de Estado de EE.UU, alertó sobre graves casos de corrupción en el gobierno de Alberto Fernández y por la embestida contra el Poder Judicial.
El informe busca analizar cómo se encuentran los derechos humanos en el mundo y como estos son empleados con justicia y rectitud por los diferentes mandatos mundiales.
Si bien en el reporte se destaca que el gobierno tomó medidas limitadas para identificar, investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o participaron en actos de corrupción”, no fueron las suficientes para lograr que los acusados recibieran la condena correspondiente.
El documento hace alusión a “un sistema judicial politizado” que “socavó los intentos sistemáticos de frenar la corrupción”. Dictaminando que “La ley prevé sanciones penales por corrupción de funcionarios, pero el gobierno no aplicó la ley de manera efectiva”.
Como eje principal se planteó un resumen sobre la situación judicial de Cristina Kirchner y otros 9 imputados principales de 45, acusados de recibir sobornos, pagarlos o ambos, en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015, cuando Fernández de Kirchner era la Jefa de Estado. “Los fiscales estimaron el valor total del esquema de soborno en USD 160 millones”, señala el reporte de EE.UU, y “pidieron que sea condenada a 12 años de prisión y se impusiera una prohibición de por vida para servir para ejercer cargos públicos”.
Y en lo referido a la corrupción puesta en evidencia por EE. UU. remarcaron a otros organismos donde prevalecen los delitos: “Hubo corrupción y la complicidad oficial en algunas fuerzas de seguridad”. Agregó además que “los abusos más frecuentes incluyeron la extorsión y la protección de las personas involucradas en el tráfico de drogas, la trata de personas, el lavado de dinero y la prostitución. Las denuncias de corrupción en los tribunales provinciales y federales fueron frecuentes”.
Así mismo, criticó duramente el proceder de miembros del poder “la ley prevé un poder judicial independiente, pero los funcionarios gubernamentales de todos los niveles no siempre respetan la independencia e imparcialidad judiciales”. Ejemplificando con las investigaciones realizadas por ONG nacionales que señalan que “los jueces de algunos tribunales penales federales y provinciales a veces eran objeto de manipulación política”.
