Los delitos cometidos por menores en Argentina han experimentado un alarmante aumento del 21% durante el primer semestre de 2023 en comparación con el mismo período del año anterior. Según datos proporcionados por la Corte Suprema de Justicia, un total de 986 niños y adolescentes enfrentaron causas penales en la justicia en estos seis meses, dejando en evidencia una tendencia que ha llevado a expertos y funcionarios a cuestionar el enfoque de las políticas de minoridad en el país.
El 84% de las causas penales presentadas estuvieron relacionadas con delitos contra la propiedad, mientras que el restante 16% se clasificó como “otros tipos de delitos”. Sin embargo, lo que resulta aún más inquietante es la desagregación de este último grupo, con el 34% de los casos involucrados en delitos contra la integridad sexual y el 25% relacionado con la administración pública.
Un aspecto que llama la atención es la distribución por edades de los menores involucrados en estos delitos. El 56.3% tenía entre 16 y 17 años, seguido por el grupo de 13 a 15 años, que representó un 38.8%. Además, se observó una marcada disparidad de género, ya que el 92.6% de los detenidos eran hombres en contraste con el 7.4% de mujeres.
Alberto Crucella, un exjuez de menores que ha estado involucrado en el sistema judicial durante décadas, comentó sobre estas estadísticas y las calificó como un reflejo “del fracaso de un Estado que no se ha ocupado en 50 años de los niños”. Criticó duramente las políticas de minoridad que han estado en vigor durante décadas, señalando que no han producido resultados viables y han dejado a los jóvenes desprotegidos.
Crucella identificó tres problemáticas fundamentales que contribuyen a esta creciente ola de delincuencia juvenil: la pobreza, la desintegración familiar y el abuso de drogas. “Tenemos padres con miedo, una familia en crisis y violenta, una escuela perdida, un Estado ausente”, lamentó. Además, enfatizó la urgencia de implementar políticas a largo plazo para abordar estas cuestiones, pero también sugirió medidas inmediatas.
En ese sentido, propuso la posibilidad de reducir la edad de imputabilidad en casos de delitos violentos cometidos por adolescentes de 15 años o más, argumentando que a esa edad los jóvenes tienen la capacidad de discernir claramente entre lo correcto y lo incorrecto en asuntos graves como homicidio, robo o violación. Sin embargo, subrayó que esta medida debe ser solo un primer paso.
