La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) anunció oficialmente el fin del proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares a los fondos estatales contemplados en la ley 21.950. Esta decisión implica que las autoridades eclesiásticas dejarán de percibir los aportes del Estado nacional, marcando un hito en la relación histórica entre la Iglesia Católica y el gobierno argentino.
La noticia fue confirmada por Monseñor Sergio Buenanueva, obispo de San Francisco, quien expresó que este proceso se gestó a lo largo del tiempo y representa un paso importante para la Iglesia. “Es un gesto simbólico de la Iglesia ante el Estado. Hay que aclarar que el aporte del Estado nacional representaba el 6 o 7% del total de los ingresos que tiene una parroquia y que sale del bolsillo de los católicos. No es verdad que el Estado sostiene la obra evangelizadora de la iglesia católica en Argentina. Esto le hace bien a la Iglesia y al Estado”, afirmó.
El comunicado de la CEA especifica que las renuncias se llevaron a cabo el último día hábil de diciembre, siguiendo las pautas establecidas en Asamblea Plenaria y notificando a la Secretaría de Culto de la Nación. Además, se destacó que esta medida no significa un abandono completo de la financiación, ya que los arzobispos y obispos que hayan cesado en sus cargos por razones de edad o invalidez pueden solicitar una asignación prevista en la ley, según una resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores de abril de 2023.
La ley 21.950, vigente desde 1979, establece que los arzobispos y obispos gozarán de una asignación mensual equivalente al 80% de la remuneración fijada para el cargo de Juez Nacional de Primera Instancia, siendo el monto actual de 98.000 pesos. La CEA recordó que en 2018 ya habían anunciado su decisión de renunciar progresivamente a los fondos estatales, y en julio de 2020 presentaron el Programa de Financiamiento Eclesial (FE) destinado a buscar donantes y fondos para solventar las tareas pastorales en el país.
Aunque el aporte estatal cubría solo el 10% del presupuesto total de la Iglesia, se resaltó que era de gran ayuda para las diócesis más pobres, principalmente destinado a pagar las asignaciones mensuales a obispos, párrocos de frontera y seminaristas diocesanos. Esta decisión marca un cambio significativo en la relación financiera entre la Iglesia Católica y el Estado argentino, generando reflexiones sobre el papel de la Iglesia en la sociedad y su independencia económica.
