Tres comisiones legislativas avanzaron sobre un proyecto de ley tendiente a implementar la obligatoriedad de la formación en cuestiones de género a autoridades y personal que se desempeñe en entidades deportivas de la provincia de Córdoba.
Los legisladores y las legisladoras alcanzaron un acuerdo para sacar adelante un despacho de comisión, que presenta mínimos cambios con respecto al texto original cuya autoría es de la legisladora Nadia Fernández.
En ese sentido se amplió el concepto de lo que se consideran entidades deportivas (artículo 2 del proyecto) y se incorporó la posibilidad de delegar en los municipios y comunas la fiscalización del contenido de la ley (artículo 6 del proyecto).
Durante la reunión de las comisiones de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género; de Deportes y Recreación; y de Legislación General, se contó con la presencia virtual de Nicolás Russo, diputado bonaerense del Frente de Todos, impulsor del proyecto de las mismas características en la provincia de Buenos Aires.
El diputado por Buenos Aires -que también es secretario del Comité Ejecutivo de AFA y presidente del Club Atlético Lanús- habló de su experiencia en el ámbito deportivo y su relación con las cuestiones de género: “Son temas que no hay que dejar de lado, hay que estar muy encima”. “La obligatoriedad y la capacitación es fundamental”, señaló.
“No sólo hay que transformar lo que ocurre en el deporte sino que desde el deporte se pueda terminar con este tema”, concluyó Nicolás Russo.
También siguieron el debate legislativo Daniela Díaz, Débora Majul, Soledad Ceballos, Florencia Micocci y Betiana Ballari, de Futboleras Organizadas Córdoba.
Cabe recordar que la Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante del Movimiento Evita, que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner.
Córdoba adhirió a la Ley 27.499 en mayo de 2019, implementando la obligatoriedad de la formación en los integrantes de los tres estamentos del Estado provincial.
