El Gobierno Nacional publicó este miércoles un decreto que desregula la participación estatal para fijar aumentos en los servicios estratégicos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Esta medida, establecida durante la gestión de Alberto Fernández, había sido sistemáticamente incumplida.
Los servicios de TIC, habían sido declarados esenciales durante los primeros tiempos de la pandemia por coronavirus en 2020 a través de un decreto presidencial.
Esta decisión no solo afecta a la regulación de precios, sino que también modifica la Ley Argentina Digital N° 27.078, votada y sancionada en 2014, marcando un cambio estructural en el enfoque regulatorio del sector.
El nuevo decreto, el número 302 de este año, retira al Ente Nacional de las Comunicaciones (Enacom) la facultad de regular los precios, eliminando el articulado que permitía esta acción. Con esta medida, se busca, según lo expresado en el Boletín Oficial, “liberar el mercado y obtener el libre desarrollo de tales servicios”.
Es importante señalar que las regulaciones previas nunca tuvieron un impacto real en el mercado, ya que las empresas proveedoras de Internet, telefonía celular y televisión por cable continuaron aumentando los precios por encima de lo permitido, amparadas en fallos judiciales y una sensación de impunidad empresarial.
Este cambio normativo generó diversas reacciones. Mientras que las empresas prestadoras de servicios lo ven como una oportunidad para un mayor desarrollo y competitividad en el mercado, algunos sectores críticos advierten sobre los posibles impactos negativos en los usuarios, quienes podrían enfrentarse a aumentos desproporcionados y falta de acceso a servicios básicos.
