En medio de una creciente preocupación por la falta de financiamiento para las instituciones educativas superiores, un informe reciente de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia reveló que el presupuesto asignado para las universidades en 2024 es el más bajo desde 1997.
La situación generó un clima de incertidumbre y rechazo entre estudiantes y personal académico, quienes expresan temores sobre las posibles repercusiones de esta medida. A pesar de las aseguraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni, de que no habría inconvenientes.
Según datos revelados, la ejecución presupuestaria para la educación superior ha experimentado una caída del 34% en comparación con el año anterior, lo que equivale a un tercio del gasto total. Las políticas universitarias han sido particularmente afectadas, con una reducción del 34.4% en su financiamiento, mientras que el desarrollo de la educación superior ha experimentado una disminución del 32%.
Las becas Progresar sufrieron un recorte del 46.9%, y las inversiones en infraestructura se encuentran prácticamente paralizadas, con una caída del 95%. Además, los fondos destinados a la comisión nacional de evaluación han disminuido en un 18%, mientras que los recursos para el pago de salarios docentes y no docentes han caído un 32% y un 28%, respectivamente.
La magnitud de esta reducción presupuestaria es evidente al compararla con el año 2018, cuando el presupuesto alcanzó su punto más alto en los últimos 45 años de Argentina, durante la presidencia de Mauricio Macri. Desde entonces, el presupuesto ha tenido una caída del 45%, y el porcentaje del Producto Interno Bruto (PBI) asignado a la educación superior ha disminuido del 3.7% al 3.5%.
