A partir de este mes, el impuesto a las ganancias afectará a los empleados con una remuneración bruta superior a $506.230, luego de los descuentos correspondientes a los aportes a la seguridad social. Esta cifra representa un sueldo neto de $420.171. El nuevo umbral supera en más de un 25% al anterior y ha generado un debate sobre su impacto en medio de la creciente inflación.
El menor salario sujeto al impuesto en los primeros meses de 2023, de $404.062, es un 78,8% más alto que el del año pasado. En contraste, el índice de precios ha aumentado un 94,8% en el mismo periodo. Esta disparidad ha generado preocupación ya que los ingresos gravados deberían ajustarse en función de la inflación para evitar una mayor carga tributaria en términos relativos.
La falta de actualización de las deducciones y los valores de ingresos libres del impuesto también ha generado distorsiones. Aquellos empleados cuyos ingresos superan los $583.851 no reciben alivio fiscal ni ajuste en la tabla de alícuotas, lo que agrava la situación para ese grupo.
El aumento del piso para pagar ganancias busca evitar que más personas sean gravadas debido al aumento nominal de sus ingresos frente a la creciente inflación. Sin embargo, existen límites en las deducciones que no reflejan de manera significativa la capacidad contributiva de los empleados, generando críticas sobre la equidad del sistema.
Además, en los últimos tiempos se han implementado medidas que favorecen a ciertos grupos o sectores, lo cual se aleja del principio de equidad. Por ejemplo, el tope deducible para movilidad y viáticos se aplica de manera especial para los camioneros de larga distancia incluidos en un convenio específico, generando cuestionamientos sobre la coherencia del sistema.
Desde 2018, el esquema del impuesto se actualiza anualmente en función de la variación interanual de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). Sin embargo, la suba de este año ha generado debate y cuestionamientos sobre la necesidad de ajustar el sistema de manera más acorde a la realidad económica.
Al respecto, un experto en el tema opinó, “Las deducciones que definen quiénes y con qué alícuotas pagan deberían establecerse en valores razonables por medio de un ejercicio de base cero” – Andrés Edelstein (Edelstein, Mariscal, Torassa & Asociados).
