En una movida sorprendente, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció a través de las redes sociales la presentación de una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y todos los implicados en la elaboración del reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, comunicó la decisión, argumentando que el mandatario habría incurrido en “abuso de la autoridad y varios delitos”.
La denuncia, presentada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 2 a cargo de Sebastián Ramos, apunta a varios delitos, incluyendo abuso de autoridad y usurpación de autoridad según lo establecido en el Código Penal argentino.
Aguiar detalló que la acción legal también se basa en el artículo 29 de la Constitución Nacional, que establece la responsabilidad y la pena para aquellos que ejerzan actos que impliquen arrogarse la suma del poder público o sitúen al Presidente en una posición de supremacía, afectando la vida, el honor o las fortunas de los ciudadanos.
El líder gremial explicó que las acciones del Gobierno, en este caso, violarían el Código Penal, sancionando con prisión e inhabilitación a todo funcionario público que dicte resoluciones o dé órdenes contrarias a la Constitución Nacional o las leyes nacionales o provinciales.
En paralelo a esta denuncia, Aguiar reveló que fueron convocados a una reunión de paritarias para el próximo miércoles a las 10:30, coincidiendo con la hora de una marcha programada frente a los Tribunales. Esta coincidencia fue catalogada como “llamativa” por el líder sindical.
“En mi caso voy a participar de la movilización, y en todo caso enviaremos una comitiva, o no sé si lo haremos. No tenemos ninguna expectativa de que en paritarias este gobierno pueda concurrir con una propuesta que permita, aunque sea, recuperar el daño grave que las medidas del gobierno están causando en el poder adquisitivo”, expresó Aguiar.
Además, el Secretario General de ATE denunció lo que considera “el fraude laboral más grande de la historia en la administración pública argentina”, indicando que se dejará en la calle a más de 7 mil familias a partir del 1 de enero, renovando solo por 90 días el resto de los contratos. En este contexto, Aguiar enfatizó la necesidad de avanzar hacia una huelga nacional, subrayando las dificultades que enfrentan los trabajadores estatales.
