En un giro inesperado, las clínicas y sanatorios privados de la provincia de Córdoba han comenzado a exigir un copago por ciertos servicios médicos. Esta nueva medida implica que los pacientes deberán abonar un monto adicional al momento de recibir atención, dependiendo de la naturaleza de la prestación.
El presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados, Ignacio Escuti, defendió la implementación de esta medida, la cual catalogó como un “bono de emergencia”, destinado a cubrir los costos hasta que las obras sociales reconozcan el valor real de las prestaciones.
Según Escuti, la decisión surgió como respuesta a las constantes demoras en los pagos por parte de las obras sociales y prepagas. “La mayoría de las obras sociales experimentan retrasos en la concreción de los pagos por los servicios prestados. Una vez realizados, estos montos quedan considerablemente por debajo de su valor genuino”, explicó.
Lo que anteriormente se consideraba un “recurso extremo” ante el desfinanciamiento, ahora se convirtió en una realidad palpable. Además, informó que las clínicas ya habían abordado este tema en reuniones previas, pero la urgencia se intensificó luego de las elecciones PASO del 14 de agosto y la consecuente devaluación del 22%.
El monto del copago será determinado por cada clínica para garantizar la atención, basándose en abonos que se consideren “razonables”, según afirmó Escuti. No obstante, cada institución tendrá la libertad de decidir si aplica o no este cargo adicional.
“Es una decisión que recae en cada institución, ya que son entidades independientes. Dependerá de los recursos con los que cuenten y cómo decidan implementarlo. Es una acción que tomamos de manera colectiva, tras deliberar y reunirnos exhaustivamente”, añadió.
Si bien los montos aún están siendo definidos, se anticipa que el costo de la atención en guardia oscilará alrededor de los 3.500 pesos; una tomografía computada alcanzará los siete mil, y los días extra de internación se situarán en torno a los ocho mil pesos.
Por otra parte, Escuti dejó claro que es probable que esta medida no aplique a los afiliados de la obra social de jubilados, Pami. La entidad ha trabajado arduamente para adaptarse a la situación de las empresas de salud tras la devaluación.
