La petición fue oficialmente presentada al Tribunal Supremo de la Nación, después de que las modificaciones en la Constitución provincial desencadenaran violentas manifestaciones.
El expediente quedó registrado bajo el número 1309/2023 y se titula “Estado Nacional (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) contra Jujuy provincia en acción declarativa de inconstitucionalidad”.
Una vez presentado, el expediente fue enviado a la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte para llevar a cabo un primer análisis de admisibilidad y competencia. La presentación fue anunciada previamente por la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, debido a la situación de “gravedad institucional” que, según argumenta, generó la reforma parcial de la Constitución provincial.
El documento destaca el artículo 67 de la Constitución jujeña, el cual “contiene prohibiciones incompatibles con la Constitución Nacional y con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. Dicho artículo es el que esencialmente prohíbe y penaliza las protestas sociales que involucren la interrupción del tránsito en rutas y calles.
Además, se afirma que los artículos 94 y 95 de la Constitución de Jujuy, que afectan a las comunidades indígenas que residen en la provincia, fueron aprobados sin consultar previamente a las comunidades interesadas.”Entre el gobierno provincial y la representación de los pueblos indígenas no se ha llevado a cabo un proceso de consulta y participación libre”, sostiene la presentación.
Dado que se trata de una demanda presentada por el estado nacional contra una provincia, corresponde que la Corte actúe como tribunal único. Una vez superado este primer paso, la Corte deberá examinar el caso, aunque no existe un plazo preestablecido para emitir un fallo.
