Con el resultado de las recientes PASO del 13 de agosto delineando el panorama político, la nación Argentina se prepara para una serie de debates presidenciales obligatorios, marcando un hito en el proceso electoral.
La ley 27.337, aprobada en 2016, estableció que los candidatos que logren superar el umbral del 1,5% de los votos, están obligados a participar en debates antes de las elecciones generales. Para este ciclo, cinco candidatos han cumplido con esta condición: Javier Milei, Sergio Massa, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Myriam Bregman. La Cámara Nacional Electoral (CNE) ha ratificado la celebración de dos debates, con una tercera instancia en caso de balotaje.
El primero está programado para el 1° de octubre en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, un encuentro donde los candidatos tendrán la oportunidad de presentar sus propuestas y visiones. El segundo debate, que se llevará a cabo el 8 de octubre en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), promete ser igualmente relevante. En caso de que las elecciones generales provoquen una segunda vuelta, se ha estipulado un tercero para el 12 de noviembre.
La importancia de estos debates radica en su papel en la promoción de la transparencia y la participación ciudadana. Cada candidato debe exponer sus planes y estrategias a los votantes, lo que permite a la población tomar decisiones informadas en las urnas. Además, la Ley 27.337 establece que la asistencia a estos debates es un mandato legal, y cualquier candidato que decida no participar enfrentará sanciones. Según el código electoral, aquellos que no asistan serán sancionados con la no emisión de espacios de publicidad audiovisual. Estos espacios se redistribuirán de manera equitativa entre los demás candidatos que participen. Además, el espacio físico asignado al candidato ausente permanecerá vacío durante el evento, resaltando su ausencia.
La transmisión de los mismos será obligatoria en Televisión Pública y Radio Nacional, mientras que otros canales pueden optar por transmitirlos en vivo sin estar obligados a hacerlo. Los debates también proporcionarán una oportunidad invaluable para que los candidatos se enfrenten en un intercambio de ideas y visiones, destacando sus diferencias y similitudes.
La definición de los temas a debatir es una tarea crucial y se encomendó a la Cámara Nacional Electoral. En un proceso inclusivo, se convoca a los candidatos o a sus representantes para discutir el reglamento, los moderadores y los temas a tratar en los debates. En caso de desacuerdo, la decisión final recae en la CNE.
Los debates presidenciales, marcados por la obligatoriedad y la transparencia, se erigen como un pilar fundamental en el proceso democrático argentino, ofreciendo a los votantes una visión más completa de las opciones y propuestas presentadas por los candidatos. Con las fechas marcadas en el calendario, el país se prepara para un período previo a las elecciones generales del 22 de octubre.