El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) declararó oficialmente la crisis salarial que afecta tanto a los docentes como al personal nodocente en todas sus funciones. Esta resolución será enviada al Consejo Interuniversitario Nacional, al Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Políticas Universitarias para su consideración.
En el documento aprobado, el cuerpo respaldó el reclamo salarial impulsado por los trabajadores ante la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias que se han llevado a cabo en los últimos meses.
El documento señala además, que desde noviembre de 2023, el salario del personal universitario disminuyó hasta un 45% en términos reales. Además, menciona que desde diciembre pasado, no se actualiza la garantía salarial para aquellos con menor antigüedad en sus puestos.
En esa línea, subraya que los colegios preuniversitarios también están sufriendo un impacto significativo debido a la cancelación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), agudizando la crisis económica que enfrentan las obras sociales universitarias.
El Consejo también hace foco en la disminución, en términos reales, de las transferencias del “Programa de Desarrollo de la Educación Superior” y señala que, como consecuencia directa, se suspendieron financiamientos de apoyo para actividades como participación en congresos, publicaciones, subsidios para estudios científicos y proyectos de extensión.
El documento o solo menciona la falta de ejecución de financiamientos para proyectos de investigación en marcha, por parte de la cartera nacional de Ciencia y Tecnología, sino también, el insuficiente incremento de los montos para programas y dispositivos de asistencia estudiantil, como las becas.
Ademas, ratifica que las tareas de docentes y nodocentes deben ser jerarquizadas para garantizar la excelencia en las funciones de enseñanza, investigación y extensión.
Por último, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba enfatizó que el Gobierno Nacional “es el responsable en la negociación salarial y quien debe gestionar la manera de recomponerlos”. Y destacó la necesidad de que promocione “una educación inclusiva y de calidad”, la cual aseguró “es una obligación indelegable del Estado argentino”.
