En un intento por estabilizar el escenario educativo nacional, el Gobierno de la República Argentina ha prorrogado la vigencia del artículo 7° de la Ley N°26.075 de Financiamiento Educativo, garantizando así el envío de fondos coparticipables a las provincias. La medida fue oficializada a través del Decreto 231/2024, publicado en el Boletín Oficial este jueves.
El mencionado artículo establece el reparto automático de recursos a los ministerios de Educación provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios, con el propósito de cubrir gastos específicamente relacionados con la educación. La prórroga, válida para el Ejercicio Fiscal 2024, se lleva a cabo en concordancia con los objetivos y metas de la política educativa nacional.
Este anuncio se produce en medio de tensiones en el ámbito educativo, marcadas por desacuerdos entre el Ejecutivo, los gremios y las provincias. Las disputas giran en torno a la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), recortes en el presupuesto educativo y la demora en la convocatoria a la paritaria nacional, donde aún no se ha alcanzado un acuerdo.
En los considerandos del decreto, el Gobierno explicó la necesidad de incorporar disposiciones complementarias al Presupuesto 2023 prorrogado para el actual ejercicio, con el objetivo de garantizar el financiamiento del sistema educativo nacional.
La renovación del artículo 7° de la Ley de Financiamiento Educativo busca aumentar la inversión de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires en educación, destinando recursos al pago de salarios y al mejoramiento de la calidad e infraestructura educativa. La ley establece que el monto anual asignado será equivalente al 60% del incremento en la participación del gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología en el Producto Interno Bruto.
El presidente Javier Milei, junto con todos los ministros, han argumentado que la asignación específica de recursos coparticipables es esencial para evitar la dilación en la disponibilidad de fondos destinados a cumplir con los objetivos de la ley, impactando directamente en la situación económica de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
