El SIRA es un mecanismo por medio del cual la AFIP, en conjunto con la Secretaría de Comercio dependiente del Ministerio de Economía y el Banco Central, apuntan a cuidar las reservas internacionales, brindar previsibilidad en las importaciones, y garantizar los insumos de producción a las pequeñas y medianas empresas.
Sin embargo, este sistema hizo caer casi la totalidad de las medidas cautelares solicitadas ante la justicia por parte de importadores que buscaban destrabar envíos desde el exterior, al reclamar que la demora en la llegada de esos insumos les representaba un peligro urgente para su actividad productiva.
Mientras que a mediados de octubre todavía quedaban vigentes en la Justicia solicitudes de cautelares por un equivalente aproximado a USD 2.500 millones, tras cuatro meses y medio de SIRA esa cifra se redujo hasta el 1%, es decir, poco más de USD 23 millones.
Una de las explicaciones ejes sobre el desplome tiene que ver con que jurídicamente la implementacion de un nuevo sistema como el SIMI dejó “abstractas” medidas cautelares pedidas por un esquema de autorización antiguo que ya no tiene vigencia.
Desde el gobierno nacional mantienen la creencia que las cautelares respondían en la mayoría de los casos a empresas que intentaron hacer ingresar mercadería para sobrestockearse. En los despachos oficiales reconocen que “no es delito, pero hay que administrar los dólares”.
