La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) está implementando medidas en respuesta al preocupante aumento en la asignación de Pensiones por Invalidez. Con un aumento del 1.500% desde 2003, que equivale al 70% de una jubilación mínima, la agencia lleva adelante una auditoría para investigar posibles abusos en la concesión de estos beneficios.
El economista de Idesa, Patricio Canalis, enfatizó que en la actualidad hay 1.200.000 beneficiarios de estas pensiones, en comparación con los 77.000 que se registraron en 2003. Dijo además, que no hay razón para este crecimiento desproporcionado debido al aumento de la población o a otros factores, y agregó que para el Estado implica un gasto anual de 2.200 millones de pesos.
De acuerdo con Canalis, el aumento sin control se debe a un sistema que permitía la manipulación de datos, y al gobierno que no realizaba una supervisión para detectar cualquier anomalía. Explicó que el circuito empezaba con la persona yendo al hospital público, provinciales en su mayoría, solicitaban un Certificado Médico Oficial, que es donde se constata la discapacidad o una disminución mayor al 76%, un médico firmaba y un funcionario provincial hacía poco por controlar.
Durante el período de mayor crecimiento (2009-2014), el Ministerio de Desarrollo Social estaba a cargo de la asignación de estas pensiones. Ahora la ANDIS es quien las supervisa. Esto ha generado rumores sobre la implicación de punteros políticos en la distribución de estas ventajas.
El analista también indicó las diferencias regionales, ya que las provincias del norte tienen tasas de beneficiarios más altas que la media nacional, lo que pone en duda la verdadera necesidad de tantas pensiones.
El economista argumentó que las pensiones falsas mantienen a las personas pobres al hacerlas dependientes de la asistencia del Estado. Además, la entrega de pensiones por invalidez a quienes no la necesitan ejerce una presión sobre el sistema previsional alrequerir el aporte de dos trabajadores activos contribuyan por cada pensión falsa.
