El Gobierno de Córdoba dispuso que los costos de los operativos de seguridad activados ante falsas amenazas en escuelas deberán ser afrontados por los responsables de esos hechos.
La medida surge en el marco de la seguidilla de intimidaciones registradas en distintos establecimientos educativos, que obligaron a activar protocolos y desplegar recursos policiales y de emergencia.
Según se informó, el nuevo esquema permitirá al Estado provincial avanzar con el recupero de los gastos una vez que la Justicia identifique a quienes realizaron las amenazas. En el caso de menores de edad, la responsabilidad recaerá sobre sus padres o adultos a cargo.
El procedimiento contempla el cobro de los recursos utilizados en cada intervención, que incluyen la participación de fuerzas de seguridad, móviles y otros dispositivos destinados a garantizar la seguridad en las instituciones.
Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que este tipo de hechos genera una fuerte demanda operativa y desvía recursos que podrían destinarse a tareas preventivas.
En ese sentido, el ministro Juan Pablo Quinteros remarcó que las amenazas no deben tomarse como una broma, ya que implican la movilización de múltiples áreas del Estado y generan preocupación en la comunidad educativa.
